P: ¿Qué es la salud mental?
R: La salud mental no es sólo la ausencia de trastornos mentales. Se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.
En la mayoría de los países, sobre todo en los de ingresos bajos y medios, los servicios de salud mental adolecen de una grave escasez de recursos, tanto humanos como económicos. La mayoría de los recursos de atención sanitaria disponibles se destinan actualmente a la atención y el tratamiento especializados de los enfermos mentales y, en menor medida, a un sistema integrado de salud mental. En lugar de proporcionar atención en grandes hospitales psiquiátricos, los países deberían integrar la salud mental en la asistencia primaria, ofrecer atención de salud mental en los hospitales generales y crear servicios comunitarios de salud mental.
Aún más reducidos son los fondos disponibles para la promoción de la salud mental, expresión amplia que abarca toda una serie de estrategias destinadas a lograr resultados positivos en materia de salud mental. El desarrollo de los recursos y las capacidades de la persona y la mejora de la situación socioeconómica figuran entre los objetivos de esas estrategias.
La promoción de la salud mental requiere que se adopten medidas multisectoriales, en las que participen diversos sectores del gobierno y organizaciones no gubernamentales o comunitarias. El principal fin ha de ser promover la salud mental durante todo el ciclo vital, para garantizar a los niños un comienzo saludable en la vida y evitar trastornos mentales en la edad adulta y la vejez.
P: ¿Qué se puede hacer para fomentar y proteger los derechos humanos de los enfermos mentales?
R:Los enfermos mentales están expuestos en todo el mundo a una amplia gama de violaciones de los derechos humanos. La estigmatización hace que a menudo sean aislados y no reciban los cuidados que necesitan. En algunas comunidades son expulsados, abandonados sin comida y semidesnudos o en harapos, atados y apaleados.
Poco mejor suerte tienen los pacientes de muchos hospitales mentales, inmovilizados con grilletes metálicos, confinados en camas-jaula, privados de ropa, de una cama decente, de agua potable o de instalaciones sanitarias adecuadas, desatendidos o maltratados.
Los enfermos mentales también tienen que enfrentarse diariamente a la discriminación en la educación, el empleo y la vivienda. En algunos países incluso se les prohíbe que voten, se casen o tengan hijos.
Cómo evitar esas violaciones?
Cambiando las actitudes y aumentando la concienciación. Los Ministerios de Salud, los grupos de usuarios de los servicios de salud mental y sus familiares, los profesionales sanitarios, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones universitarias, las organizaciones profesionales y otros interesados deberían unir sus fuerzas para educar a la población y cambiar sus actitudes hacia las enfermedades mentales, además de abogar por los derechos de los enfermos mentales.
Mejorando los derechos humanos en los servicios de salud mental. Se deben crear mecanismos de vigilancia de los derechos humanos para proteger a los pacientes del trato inhumano y degradante, de las malas condiciones de vida y de los ingresos y tratamiento involuntarios inapropiados y arbitrarios. Los pacientes también deben tener acceso a mecanismos de reclamación en caso de violación de sus derechos humanos.
Dando poder efectivo a los usuarios de los servicios de salud mental y a sus familiares. Los gobiernos deben apoyar la creación o fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de los servicios de salud mental y de sus familiares. Dichos grupos se encuentran en la mejor posición para señalar los problemas, explicar sus necesidades y contribuir a encontrar soluciones para mejorar la salud mental en los países, por lo que tienen una función esencial que desempeñar en el diseño y aplicación de las políticas, planes, leyes y servicios.
Sustituyendo las instituciones psiquiátricas por la atención en la comunidad. Las grandes instituciones, tan a menudo asociadas a violaciones de los derechos humanos, deben ser sustituidas por centros comunitarios de salud mental, apoyados por camas de hospital para pacientes psiquiátricos en los hospitales generales y la atención domiciliaria.
Aumentando la inversión en salud mental. Los gobiernos tienen que dedicar una mayor proporción de sus presupuestos sanitarios a la salud mental. Además, es necesario desarrollar y formar a más profesionales de la salud mental con el fin de asegurar que la población tenga acceso a servicios de salud mental de calidad en todos los niveles del sistema de atención sanitaria.
Adoptando políticas, leyes y servicios que fomenten los derechos humanos. Los países deben poner en práctica políticas, leyes y servicios de salud mental que fomenten los derechos de los enfermos mentales, les den poder efectivo para hacer elecciones sobre su vida, les proporcionen protección legal y les aseguren su plena integración y participación en la comunidad.
La OMS ha iniciado un programa mundial de acción para ayudar a los países a elaborar y aplicar políticas, planes y legislaciones de salud mental coherentes e integrales y a asegurar la disponibilidad de servicios de salud mental a nivel comunitario. Esto incluye el desarrollo de los recursos humanos en la esfera de la salud mental.
sábado, 12 de noviembre de 2011
Salud de la mujer
Debido a las diferencias biológicas y sociales, el hecho de pertenecer a uno u otro sexo tiene gran impacto en la salud. La salud de la mujer y la niña es especialmente preocupante porque en muchas sociedades se encuentran en una situación de desventaja por la discriminación condicionada por factores socioculturales. Así, por ejemplo, las mujeres y niñas son más vulnerables al VIH/SIDA.
Algunos de los factores socioculturales que impiden que las mujeres y niñas se beneficien de servicios de salud de calidad y alcancen el máximo nivel posible de salud son:
las desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres;
las normas sociales que reducen las posibilidades de recibir educación y encontrar oportunidades de empleo;
la atención exclusiva a las funciones reproductoras de la mujer, y
el padecimiento potencial o real de violencia física, sexual y emocional.
La pobreza es un importante obstáculo a la obtención de buenos resultados sanitarios en ambos sexos, pero tiende a constituir una carga más pesada para las mujeres y niñas debido, por ejemplo, a las prácticas alimentarias (malnutrición) y al uso en la cocina de combustibles que pueden causar neumopatía obstructiva crónica.
¿En qué consiste el enfoque de salud pública basado en el género?
Preguntas y respuestas en línea
7 de marzo de 2007
P: ¿En qué consiste el enfoque de salud pública basado en el género?
R: El enfoque de salud pública basado en el género parte del reconocimiento de las diferencias entre el hombre y la mujer. Ello nos sirve para determinar cómo difieren los resultados, experiencias y riesgos sanitarios entre hombres y mujeres, niños y niñas, y para actuar en consecuencia.
En la mayoría de las sociedades la mujer tiene un menor estatus social que el hombre, lo que se traduce en relaciones de poder desiguales. Por ejemplo, la mujer se encuentra en condiciones de inferioridad en la familia, la comunidad y la sociedad en general: Tiene un menor grado de acceso a los recursos y de control sobre los mismos, y un menor peso que los hombres en la toma de decisiones. Todos estos factores han llevado a restar importancia a la salud de la mujer y a no prestarle la debida atención.
La atención a la salud de la mujer se ha venido centrando hasta ahora en los problemas que ésta sufre durante el embarazo y el parto. El enfoque de salud pública basado en el género nos ha servido para comprender mejor los problemas sanitarios de la mujer y determinar formas de abordarlos en mujeres de todas las edades. Por ejemplo, sabemos hoy que las enfermedades cardiovasculares son una importante causa de mortalidad femenina. Sin embargo, no se reconoce suficientemente este hecho, lo que retrasa la búsqueda de tratamiento y el diagnóstico entre las mujeres. La identificación de diferencias de género en las enfermedades cardiovasculares ha permitido formular estrategias de promoción de la salud y prevención más eficaces, lo que a su vez ha redundado en mejoras de la salud de la mujer en muchos países.
Integración de las perspectivas de género en la salud pública
Integrar las perspectivas de género en la salud pública significa tener en cuenta las diferentes necesidades de la mujer y del hombre en todas las fases del desarrollo de políticas y programas. El objetivo fundamental es lograr la igualdad de género. La incorporación de una perspectiva de género en la salud pública implica abordar la influencia de los factores sociales, culturales y biológicos en los resultados sanitarios, para mejorar así la eficiencia, cobertura y equidad de los programas.
Un ejemplo de aplicación de este enfoque es una intervención contra el VIH llevada a cabo en Sudáfrica en la que se abordaron las condiciones de pobreza, violencia y falta de poder para negociar la adopción de precauciones en las relaciones sexuales como factores que propician unas altas tasas de infección por VIH entre las mujeres. El proyecto –Microfinanzas contra el SIDA y por la igualdad de género- ofreció a las mujeres acceso a sistemas de microfinanzas para lograr la autosuficiencia económica, y educación sobre el VIH sensible a las cuestiones de género para ayudarles a negociar mejor las relaciones sexuales y hacer frente a los prejuicios en su comunidad. El proyecto ayudó a reducir en un 55% la incidencia de casos de violencia de pareja, un factor clave para la transmisión del VIH, en un grupo de mujeres pobres sudafricanas.
Algunos de los factores socioculturales que impiden que las mujeres y niñas se beneficien de servicios de salud de calidad y alcancen el máximo nivel posible de salud son:
las desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres;
las normas sociales que reducen las posibilidades de recibir educación y encontrar oportunidades de empleo;
la atención exclusiva a las funciones reproductoras de la mujer, y
el padecimiento potencial o real de violencia física, sexual y emocional.
La pobreza es un importante obstáculo a la obtención de buenos resultados sanitarios en ambos sexos, pero tiende a constituir una carga más pesada para las mujeres y niñas debido, por ejemplo, a las prácticas alimentarias (malnutrición) y al uso en la cocina de combustibles que pueden causar neumopatía obstructiva crónica.
¿En qué consiste el enfoque de salud pública basado en el género?
Preguntas y respuestas en línea
7 de marzo de 2007
P: ¿En qué consiste el enfoque de salud pública basado en el género?
R: El enfoque de salud pública basado en el género parte del reconocimiento de las diferencias entre el hombre y la mujer. Ello nos sirve para determinar cómo difieren los resultados, experiencias y riesgos sanitarios entre hombres y mujeres, niños y niñas, y para actuar en consecuencia.
En la mayoría de las sociedades la mujer tiene un menor estatus social que el hombre, lo que se traduce en relaciones de poder desiguales. Por ejemplo, la mujer se encuentra en condiciones de inferioridad en la familia, la comunidad y la sociedad en general: Tiene un menor grado de acceso a los recursos y de control sobre los mismos, y un menor peso que los hombres en la toma de decisiones. Todos estos factores han llevado a restar importancia a la salud de la mujer y a no prestarle la debida atención.
La atención a la salud de la mujer se ha venido centrando hasta ahora en los problemas que ésta sufre durante el embarazo y el parto. El enfoque de salud pública basado en el género nos ha servido para comprender mejor los problemas sanitarios de la mujer y determinar formas de abordarlos en mujeres de todas las edades. Por ejemplo, sabemos hoy que las enfermedades cardiovasculares son una importante causa de mortalidad femenina. Sin embargo, no se reconoce suficientemente este hecho, lo que retrasa la búsqueda de tratamiento y el diagnóstico entre las mujeres. La identificación de diferencias de género en las enfermedades cardiovasculares ha permitido formular estrategias de promoción de la salud y prevención más eficaces, lo que a su vez ha redundado en mejoras de la salud de la mujer en muchos países.
Integración de las perspectivas de género en la salud pública
Integrar las perspectivas de género en la salud pública significa tener en cuenta las diferentes necesidades de la mujer y del hombre en todas las fases del desarrollo de políticas y programas. El objetivo fundamental es lograr la igualdad de género. La incorporación de una perspectiva de género en la salud pública implica abordar la influencia de los factores sociales, culturales y biológicos en los resultados sanitarios, para mejorar así la eficiencia, cobertura y equidad de los programas.
Un ejemplo de aplicación de este enfoque es una intervención contra el VIH llevada a cabo en Sudáfrica en la que se abordaron las condiciones de pobreza, violencia y falta de poder para negociar la adopción de precauciones en las relaciones sexuales como factores que propician unas altas tasas de infección por VIH entre las mujeres. El proyecto –Microfinanzas contra el SIDA y por la igualdad de género- ofreció a las mujeres acceso a sistemas de microfinanzas para lograr la autosuficiencia económica, y educación sobre el VIH sensible a las cuestiones de género para ayudarles a negociar mejor las relaciones sexuales y hacer frente a los prejuicios en su comunidad. El proyecto ayudó a reducir en un 55% la incidencia de casos de violencia de pareja, un factor clave para la transmisión del VIH, en un grupo de mujeres pobres sudafricanas.
jueves, 10 de noviembre de 2011
Child maltreatment
Key facts
Approximately 20% of women and 5–10% of men report being sexually abused as children, while 25–50% of all children report being physically abused.
Consequences of child maltreatment include impaired lifelong physical and mental health, and the social and occupational outcomes can ultimately slow a country's economic and social development.
Preventing child maltreatment before it starts is possible and requires a multisectoral approach.
Effective prevention programmes support parents and teach positive parenting skills.
Ongoing care of children and families can reduce the risk of maltreatment reoccurring and can minimize its consequences.
Child maltreatment is the abuse and neglect that occurs to children under 18 years of age. It includes all types of physical and/or emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect, negligence and commercial or other exploitation, which results in actual or potential harm to the child’s health, survival, development or dignity in the context of a relationship of responsibility, trust or power. Exposure to intimate partner violence is also sometimes included as a form of child maltreatment.
Scope of the problem
Child maltreatment is a global problem with serious life-long consequences. There are no reliable global estimates for the prevalence of child maltreatment. Data for many countries, especially low- and middle-income countries, are lacking.
Child maltreatment is complex and difficult to study. Current estimates vary widely depending on the country and the method of research used. Estimates depend on:
the definitions of child maltreatment used;
the type of child maltreatment studied;
the coverage and quality of official statistics;
the coverage and quality of surveys that request self-reports from victims, parents or caregivers.
Nonetheless, international studies reveal that approximately 20% of women and 5–10% of men report being sexually abused as children, while 25–50% of all children report being physically abused. Additionally, many children are subject to emotional abuse (sometimes referred to as psychological abuse) and to neglect.
Every year, there are an estimated 31 000 homicide deaths in children under 15. This number underestimates the true extent of the problem, as a significant proportion of deaths due to child maltreatment are incorrectly attributed to falls, burns, drowning and other causes.
In armed conflict and refugee settings, girls are particularly vulnerable to sexual violence, exploitation and abuse by combatants, security forces, members of their communities, aid workers and others.
Consequences of maltreatment
Child maltreatment causes suffering to children and families and can have long-term consequences. Maltreatment causes stress that is associated with disruption in early brain development. Extreme stress can impair the development of the nervous and immune systems. Consequently, as adults, maltreated children are at increased risk for behavioural, physical and mental health problems such as:
perpetrating or being a victim of violence
depression
smoking
obesity
high-risk sexual behaviours
unintended pregnancy
alcohol and drug misuse.
Via these behavioural and mental health consequences, maltreatment can contribute to heart disease, cancer, suicide and sexually transmitted infections.
Beyond the health and social consequences of child maltreatment, there is an economic impact, including costs of hospitalization, mental health treatment, child welfare, and longer-term health costs.
Risk factors
A number of risk factors for child maltreatment have been identified. These risk factors are not present in all social and cultural contexts, but provide an overview when attempting to understand the causes of child maltreatment.
Child
It is important to emphasize that children are the victims and are never to blame for maltreatment. A number of characteristics of an individual child may increase the likelihood of being maltreated:
being either under four years old or an adolescent
being unwanted, or failing to fulfil the expectations of parents
having special needs, crying persistently or having abnormal physical features.
Parent or caregiver
A number of characteristics of a parent or caregiver may increase the risk of child maltreatment. These include:
difficulty bonding with a newborn
not nurturing the child
having been maltreated themselves as a child
lacking awareness of child development or having unrealistic expectations
misusing alcohol or drugs, including during pregnancy
being involved in criminal activity
experiencing financial difficulties.
Relationship
A number of characteristics of relationships within families or among intimate partners, friends and peers may increase the risk of child maltreatment. These include:
physical, developmental or mental health problems of a family member
family breakdown or violence between other family members
being isolated in the community or lacking a support network
a breakdown of support in child rearing from the extended family.
Community and societal factors
A number of characteristics of communities and societies may increase the risk of child maltreatment. These include:
gender and social inequality;
lack of adequate housing or services to support families and institutions;
high levels of unemployment or poverty;
the easy availability of alcohol and drugs;
inadequate policies and programmes to prevent child maltreatment, child pornography, child prostitution and child labour;
social and cultural norms that promote or glorify violence towards others, support the use of corporal punishment, demand rigid gender roles, or diminish the status of the child in parent–child relationships;
social, economic, health and education policies that lead to poor living standards, or to socioeconomic inequality or instability.
Prevention
Preventing child maltreatment requires a multisectoral approach. Effective programmes are those that support parents and teach positive parenting skills. These include:
visits by nurses to parents and children in their homes to provide support, education, and information;
parent education, usually delivered in groups, to improve child-rearing skills, increase knowledge of child development, and encourage positive child management strategies; and
multi-component interventions, which typically include support and education of parents, pre-school education, and child care.
Other prevention programmes have shown some promise.
Programmes to prevent abusive head trauma (also referred to as shaken baby syndrome, shaken infant syndrome and inflicted traumatic brain injury). These are usually hospital-based programmes targeting new parents prior to discharge from the hospital, informing of the dangers of shaken baby syndrome and advising on how to deal with babies that cry inconsolably.
Programmes to prevent child sexual abuse. These are usually delivered in schools and teach children about:
body ownership
the difference between good and bad touch
how to recognize abusive situations
how to say "no"
how to disclose abuse to a trusted adult.
Such programmes are effective at strengthening protective factors against child sexual abuse (e.g. knowledge of sexual abuse and protective behaviours), but evidence about whether such programmes reduce other kinds of abuse is lacking.
The earlier such interventions occur in children's lives, the greater the benefits to the child (e.g. cognitive development, behavioural and social competence, educational attainment) and to society (e.g. reduced delinquency and crime).
In addition, early case recognition coupled with ongoing care of child victims and families can help reduce reoccurrence of maltreatment and lessen its consequences.
To maximize the effects of prevention and care, WHO recommends that interventions are delivered as part of a four-step public health approach:
defining the problem;
identifying causes and risk factors;
designing and testing interventions aimed at minimizing the risk factors;
disseminating information about the effectiveness of interventions and increasing the scale of proven effective interventions.
WHO response
WHO, in collaboration with a number of partners:
provides technical and normative guidance for evidence-based child maltreatment prevention;
advocates for increased international support for and investment in evidence-based child maltreatment prevention;
provides technical support for evidence-based child maltreatment prevention programmes in several low- and middle-income countries.
Approximately 20% of women and 5–10% of men report being sexually abused as children, while 25–50% of all children report being physically abused.
Consequences of child maltreatment include impaired lifelong physical and mental health, and the social and occupational outcomes can ultimately slow a country's economic and social development.
Preventing child maltreatment before it starts is possible and requires a multisectoral approach.
Effective prevention programmes support parents and teach positive parenting skills.
Ongoing care of children and families can reduce the risk of maltreatment reoccurring and can minimize its consequences.
Child maltreatment is the abuse and neglect that occurs to children under 18 years of age. It includes all types of physical and/or emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect, negligence and commercial or other exploitation, which results in actual or potential harm to the child’s health, survival, development or dignity in the context of a relationship of responsibility, trust or power. Exposure to intimate partner violence is also sometimes included as a form of child maltreatment.
Scope of the problem
Child maltreatment is a global problem with serious life-long consequences. There are no reliable global estimates for the prevalence of child maltreatment. Data for many countries, especially low- and middle-income countries, are lacking.
Child maltreatment is complex and difficult to study. Current estimates vary widely depending on the country and the method of research used. Estimates depend on:
the definitions of child maltreatment used;
the type of child maltreatment studied;
the coverage and quality of official statistics;
the coverage and quality of surveys that request self-reports from victims, parents or caregivers.
Nonetheless, international studies reveal that approximately 20% of women and 5–10% of men report being sexually abused as children, while 25–50% of all children report being physically abused. Additionally, many children are subject to emotional abuse (sometimes referred to as psychological abuse) and to neglect.
Every year, there are an estimated 31 000 homicide deaths in children under 15. This number underestimates the true extent of the problem, as a significant proportion of deaths due to child maltreatment are incorrectly attributed to falls, burns, drowning and other causes.
In armed conflict and refugee settings, girls are particularly vulnerable to sexual violence, exploitation and abuse by combatants, security forces, members of their communities, aid workers and others.
Consequences of maltreatment
Child maltreatment causes suffering to children and families and can have long-term consequences. Maltreatment causes stress that is associated with disruption in early brain development. Extreme stress can impair the development of the nervous and immune systems. Consequently, as adults, maltreated children are at increased risk for behavioural, physical and mental health problems such as:
perpetrating or being a victim of violence
depression
smoking
obesity
high-risk sexual behaviours
unintended pregnancy
alcohol and drug misuse.
Via these behavioural and mental health consequences, maltreatment can contribute to heart disease, cancer, suicide and sexually transmitted infections.
Beyond the health and social consequences of child maltreatment, there is an economic impact, including costs of hospitalization, mental health treatment, child welfare, and longer-term health costs.
Risk factors
A number of risk factors for child maltreatment have been identified. These risk factors are not present in all social and cultural contexts, but provide an overview when attempting to understand the causes of child maltreatment.
Child
It is important to emphasize that children are the victims and are never to blame for maltreatment. A number of characteristics of an individual child may increase the likelihood of being maltreated:
being either under four years old or an adolescent
being unwanted, or failing to fulfil the expectations of parents
having special needs, crying persistently or having abnormal physical features.
Parent or caregiver
A number of characteristics of a parent or caregiver may increase the risk of child maltreatment. These include:
difficulty bonding with a newborn
not nurturing the child
having been maltreated themselves as a child
lacking awareness of child development or having unrealistic expectations
misusing alcohol or drugs, including during pregnancy
being involved in criminal activity
experiencing financial difficulties.
Relationship
A number of characteristics of relationships within families or among intimate partners, friends and peers may increase the risk of child maltreatment. These include:
physical, developmental or mental health problems of a family member
family breakdown or violence between other family members
being isolated in the community or lacking a support network
a breakdown of support in child rearing from the extended family.
Community and societal factors
A number of characteristics of communities and societies may increase the risk of child maltreatment. These include:
gender and social inequality;
lack of adequate housing or services to support families and institutions;
high levels of unemployment or poverty;
the easy availability of alcohol and drugs;
inadequate policies and programmes to prevent child maltreatment, child pornography, child prostitution and child labour;
social and cultural norms that promote or glorify violence towards others, support the use of corporal punishment, demand rigid gender roles, or diminish the status of the child in parent–child relationships;
social, economic, health and education policies that lead to poor living standards, or to socioeconomic inequality or instability.
Prevention
Preventing child maltreatment requires a multisectoral approach. Effective programmes are those that support parents and teach positive parenting skills. These include:
visits by nurses to parents and children in their homes to provide support, education, and information;
parent education, usually delivered in groups, to improve child-rearing skills, increase knowledge of child development, and encourage positive child management strategies; and
multi-component interventions, which typically include support and education of parents, pre-school education, and child care.
Other prevention programmes have shown some promise.
Programmes to prevent abusive head trauma (also referred to as shaken baby syndrome, shaken infant syndrome and inflicted traumatic brain injury). These are usually hospital-based programmes targeting new parents prior to discharge from the hospital, informing of the dangers of shaken baby syndrome and advising on how to deal with babies that cry inconsolably.
Programmes to prevent child sexual abuse. These are usually delivered in schools and teach children about:
body ownership
the difference between good and bad touch
how to recognize abusive situations
how to say "no"
how to disclose abuse to a trusted adult.
Such programmes are effective at strengthening protective factors against child sexual abuse (e.g. knowledge of sexual abuse and protective behaviours), but evidence about whether such programmes reduce other kinds of abuse is lacking.
The earlier such interventions occur in children's lives, the greater the benefits to the child (e.g. cognitive development, behavioural and social competence, educational attainment) and to society (e.g. reduced delinquency and crime).
In addition, early case recognition coupled with ongoing care of child victims and families can help reduce reoccurrence of maltreatment and lessen its consequences.
To maximize the effects of prevention and care, WHO recommends that interventions are delivered as part of a four-step public health approach:
defining the problem;
identifying causes and risk factors;
designing and testing interventions aimed at minimizing the risk factors;
disseminating information about the effectiveness of interventions and increasing the scale of proven effective interventions.
WHO response
WHO, in collaboration with a number of partners:
provides technical and normative guidance for evidence-based child maltreatment prevention;
advocates for increased international support for and investment in evidence-based child maltreatment prevention;
provides technical support for evidence-based child maltreatment prevention programmes in several low- and middle-income countries.
Nutricion al lactante
¿Cuál es la alimentación recomendable para el niño en sus primeros años de vida?
Preguntas y respuestas en línea
29 de julio de 2011
P: ¿Qué alimentos se recomiendan para los niños en sus primeros años de vida?
R: La leche materna es el mejor alimento para que el lactante crezca y se desarrolle con salud. Durante los seis primeros meses de vida se debe alimentar al lactante exclusivamente con leche materna, para que su crecimiento, desarrollo y salud sean óptimos. Pasados esos seis meses, deben introducirse alimentos complementarios adecuados e inocuos, combinados con la lactancia materna hasta los dos años como mínimo.
Los alimentos complementarios deben ser ricos en nutrientes y deben administrarse en cantidades suficientes. Los cuidadores deben empezar a introducir esos alimentos a los seis meses en pequeñas cantidades, aumentando gradualmente la proporción a medida que crezca el niño. Los niños pequeños deben recibir alimentos variados, incluidos productos cárnicos, pescado y huevos, con la mayor frecuencia posible. Los lactantes pueden comer alimentos en forma de puré, triturados y semisólidos a partir de los 6 meses; a partir de los 8 meses se puede dar a la mayoría de los niños diversos alimentos que se pueden comer con la mano, y a partir de los 12 meses pueden comer en general los mismos productos que el resto de la familia. Los alimentos deben tener una consistencia apropiada para la edad del niño. Los alimentos complementarios deben administrarse unas 2-3&nsbps;veces al día entre los 6 y 8 meses, aumentando a 3-4 veces al día entre los 9&nsbps;y los 11 meses. Entre los 12 y los 23 meses se les debe dar de comer unas 3&nsbps;o 4 veces al día. Y dependiendo del apetito que tengan se pueden añadir 1 o 2&nsbps;refrigerios nutritivos entre comidas.
Además de proporcionar una variedad y cantidad adecuadas de alimentos con la frecuencia idónea, es importante que los cuidadores demuestren sensibilidad al alimentar al niño. Esto es, deben alimentar a los lactantes directamente y ayudar a los niños más mayores cuando coman por sí solos; darles de comer despacio y con paciencia y alentarles a comer, pero sin forzarlos; cuando se nieguen a comer, se probarán diferentes combinaciones de alimentos. La hora de comer debe ser un momento de aprendizaje y amor: un momento para hablar con los niños y tener contacto visual con ellos.
Estas son las recomendaciones de la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, elaborada conjuntamente por la OMS y el UNICEF en 2003.
La estrategia es una guía dirigida a los países para ayudarles a formular políticas y emprender actividades centradas en las prácticas de alimentación y el estado nutricional, el crecimiento y la salud de los lactantes y los niños. Se fundamenta tanto en la evidencia de que la nutrición tiene un papel esencial en los primeros meses y años de vida, como en la importancia de una alimentación apropiada para disfrutar de la máxima salud.
Una alimentación inadecuada en la primera infancia es uno de los principales factores de riesgo de mala salud a lo largo de la vida. Entre los efectos a largo plazo cabe citar un mal rendimiento escolar, una menor productividad, alteraciones del desarrollo intelectual y social, y diversas enfermedades crónicas.
Preguntas y respuestas en línea
29 de julio de 2011
P: ¿Qué alimentos se recomiendan para los niños en sus primeros años de vida?
R: La leche materna es el mejor alimento para que el lactante crezca y se desarrolle con salud. Durante los seis primeros meses de vida se debe alimentar al lactante exclusivamente con leche materna, para que su crecimiento, desarrollo y salud sean óptimos. Pasados esos seis meses, deben introducirse alimentos complementarios adecuados e inocuos, combinados con la lactancia materna hasta los dos años como mínimo.
Los alimentos complementarios deben ser ricos en nutrientes y deben administrarse en cantidades suficientes. Los cuidadores deben empezar a introducir esos alimentos a los seis meses en pequeñas cantidades, aumentando gradualmente la proporción a medida que crezca el niño. Los niños pequeños deben recibir alimentos variados, incluidos productos cárnicos, pescado y huevos, con la mayor frecuencia posible. Los lactantes pueden comer alimentos en forma de puré, triturados y semisólidos a partir de los 6 meses; a partir de los 8 meses se puede dar a la mayoría de los niños diversos alimentos que se pueden comer con la mano, y a partir de los 12 meses pueden comer en general los mismos productos que el resto de la familia. Los alimentos deben tener una consistencia apropiada para la edad del niño. Los alimentos complementarios deben administrarse unas 2-3&nsbps;veces al día entre los 6 y 8 meses, aumentando a 3-4 veces al día entre los 9&nsbps;y los 11 meses. Entre los 12 y los 23 meses se les debe dar de comer unas 3&nsbps;o 4 veces al día. Y dependiendo del apetito que tengan se pueden añadir 1 o 2&nsbps;refrigerios nutritivos entre comidas.
Además de proporcionar una variedad y cantidad adecuadas de alimentos con la frecuencia idónea, es importante que los cuidadores demuestren sensibilidad al alimentar al niño. Esto es, deben alimentar a los lactantes directamente y ayudar a los niños más mayores cuando coman por sí solos; darles de comer despacio y con paciencia y alentarles a comer, pero sin forzarlos; cuando se nieguen a comer, se probarán diferentes combinaciones de alimentos. La hora de comer debe ser un momento de aprendizaje y amor: un momento para hablar con los niños y tener contacto visual con ellos.
Estas son las recomendaciones de la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, elaborada conjuntamente por la OMS y el UNICEF en 2003.
La estrategia es una guía dirigida a los países para ayudarles a formular políticas y emprender actividades centradas en las prácticas de alimentación y el estado nutricional, el crecimiento y la salud de los lactantes y los niños. Se fundamenta tanto en la evidencia de que la nutrición tiene un papel esencial en los primeros meses y años de vida, como en la importancia de una alimentación apropiada para disfrutar de la máxima salud.
Una alimentación inadecuada en la primera infancia es uno de los principales factores de riesgo de mala salud a lo largo de la vida. Entre los efectos a largo plazo cabe citar un mal rendimiento escolar, una menor productividad, alteraciones del desarrollo intelectual y social, y diversas enfermedades crónicas.
Adolescentes
¿Por qué debemos invertir en la salud y el desarrollo de los adolescentes?
Se estima que en la actual población mundial 1.200 millones de personas (una de cada cinco) son adolescentes. La adolescencia es un periodo de grandes cambios físicos y psicológicos y profunda transformación de las interacciones y relaciones sociales.
Aunque algunos adolescentes pasan a la edad adulta gozando de buena salud, en otros muchos casos no ocurre así. Algunos de los problemas de salud que sufren los adolescentes les afectan durante la propia adolescencia, como la muerte por suicidio, por violencia interpersonal o a resultas de un aborto peligroso. Otros problemas les afectan en un momento posterior de la vida, como es el caso por ejemplo de las enfermedades relacionadas con el VIH, que el adulto sufre tras contraer la infección en la adolescencia, o del cáncer de pulmón, producto del hábito de fumar adquirido en ese periodo.
La salud de los adolescentes tiene también efectos intergeneracionales. Los bebés de padres adolescentes presentan un mayor riesgo de insuficiencia ponderal y muerte. También es más probable que padezcan las mismas dificultades sociales o económicas que han debido afrontar sus padres. Hay argumentos económicos de peso para ocuparse de la salud de los adolescentes. En los que están estudiando, un mejor estado de salud incrementa los índices de matriculación y permanencia en los centros de enseñanza, mejora el rendimiento cognitivo y se traduce en una mayor productividad. Además, conviene proteger la inversión realizada en la supervivencia y educación de los niños que han llegado a la adolescencia.
Al crecer y desarrollarse hasta alcanzar la edad adulta, los niños y adolescentes presentan importantes necesidades. Prácticamente todos los gobiernos han confirmado su derecho a que esas necesidades estén atendidas ratificando la Convención sobre los Derechos del Niño.
¿Qué problemas de salud tienen los adolescentes y qué cabe hacer para prevenirlos y responder a ellos?
Salud mental
Muchos problemas de salud mental surgen al término de la infancia y principios de la adolescencia. El hecho de potenciar la sociabilidad, la capacidad para resolver problemas y la confianza en uno mismo ayuda a prevenir problemas de salud mental como los trastornos del comportamiento, la ansiedad, la depresión o los trastornos ligados a la comida, junto con otras conductas de riesgo como las ligadas a la vida sexual, el consumo de sustancias o las actitudes violentas. Los profesionales de la salud deben contar con las competencias necesarias para relacionarse con gente joven, detectar con prontitud problemas de salud mental y proponer tratamientos que incluyan asesoramiento, terapia congnitiva conductual y, cuando convenga, medicación psicotrópica.
Consumo de sustancias
Además de las leyes que restringen la disponibilidad de sustancias ilícitas, tabaco y alcohol, las intervenciones para reducir la demanda de tales productos generan condiciones más propicias a un desarrollo saludable. Para que los adolescentes estén menos predispuestos a consumir sustancias es eficaz informarlos de los peligros que ello entraña y capacitarlos para resistir a las presiones de los amigos y manejar el estrés de forma sana.
Violencia
Los programas de desarrollo social y preparación para la vida cotidiana dirigidos a niños y adolescentes son importantes para reducir los comportamientos violentos. También resulta eficaz prestar apoyo a padres y profesores para que enseñen a los jóvenes a resolver problemas y sepan imponer la disciplina sin recurrir a la violencia. Cuando de todos modos ésta aparece, las medidas para lograr que los sistemas de salud estén más atentos a la cuestión y que sus profesionales actúen con mayor empatía y competencia pueden ayudar a que los adolescentes que son objeto de violencia (comprendida la sexual) sean atendidos y tratados con eficacia a la par que delicadeza. Un continuo apoyo psicológico y social puede ayudar a esos adolescentes a desactivar los efectos psicológicos que a largo plazo engendra la violencia y reduce la probabilidad de que ellos, a su vez, la perpetúen en el futuro.
Traumatismos involuntarios
Para proteger la salud de los adolescentes es importante encontrar fórmulas para reducir las colisiones en las vías de tránsito y los graves traumatismos que provocan. Entre ellas figuran las siguientes:
hacer cumplir las limitaciones de velocidad;
combinar acciones pedagógicas con medidas legislativas para promover el uso del cinturón de seguridad (y el casco) y prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas;
proponer alternativas a la conducción, incrementando la disponibilidad y seguridad de medios de transporte público baratos.
Las medidas destinadas a generar un entorno más seguro y a enseñar a los niños y adolescentes a evitar caídas, quemaduras y ahogamientos pueden reducir las probabilidades de que se produzcan este tipo de accidentes. Cuando alguien resulta herido, el rápido acceso a una atención traumatológica eficaz puede salvarle la vida.
Nutrición
La malnutrición crónica en los primeros años de vida provoca frecuentes retrasos del crecimiento y afecta a la persona, tanto sanitaria como socialmente, durante toda su vida. Aunque la mejor prevención empieza en la niñez, la adopción de medidas para mejorar el acceso a los alimentos también sería beneficiosa para los adolescentes. La anemia es uno de los principales problemas de origen nutricional que afecta a las chicas. Prevenir embarazos precoces y mejorar el estado de nutrición de las niñas antes de que queden embarazadas podría reducir la mortalidad materna e infantil y ayudar a romper el círculo vicioso de la malnutrición intergeneracional. Ello requiere no sólo mejorar el acceso a alimentos nutritivos y a suplementos de micronutrientes, sino también, en muchos sitios, prevenir las infecciones. La adolescencia es un buen momento para adquirir hábitos saludables de alimentación y ejercicio, que pueden contribuir al bienestar físico y psicológico durante ese periodo, y para reducir la probabilidad de que en la edad adulta aparezcan enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición. Promover modos de vida sanos también es fundamental para atajar la rápida progresión de la epidemia de obesidad.
Salud sexual y reproductiva
Los programas para impartir a los adolescentes educación sobre salud sexual y reproductiva deben ir combinados con otros programas que los inciten a aplicar lo aprendido en su vida cotidiana, y también con medidas para que accedan fácilmente a cualquier servicio de salud preventiva o curativa que necesiten y sean atendidos por personal sanitario competente y comprensivo. Para combatir la coacción sexual en la adolescencia hay que actuar a varios niveles. Conviene promulgar y aplicar enérgicamente leyes que castiguen con dureza estos delitos y movilizar a la opinión pública para que ejerza una intransigencia feroz ante semejantes actos. Conviene asimismo proteger a las niñas y mujeres del acoso y la coacción sexuales en establecimientos educativos, lugares de trabajo y otros escenarios de la vida en comunidad.
Para prevenir embarazos precoces puede ser necesario promulgar y hacer cumplir leyes que fijen una edad mínima para el matrimonio y tratar de mentalizar a familias y comunidades para que concedan a las niñas el tiempo necesario para crecer y desarrollarse, dejar atrás la niñez y llegar a ser mujeres antes de convertirse en esposas y madres. Junto con ello, los servicios de salud deben estar preparados para prestar la necesaria atención prenatal a las adolescentes embarazadas o practicar abortos en condiciones seguras cuando la ley lo permita. Prestar una atención eficaz durante el embarazo es importante para asegurar la supervivencia de la madre y el bebé y prevenir problemas como las fístulas.
VIH
El riesgo de que una persona joven resulte infectada por el VIH guarda estrecha relación con la edad de la iniciación sexual. Las medidas de prevención en la gente joven apuntan, entre otros objetivos básicos, a evitar el coito y a retrasar el inicio de la vida sexual activa. En el caso de los jóvenes sexualmente activos, es fundamental que reduzcan el número de parejas sexuales y que tengan más facilidad para acceder y utilizar servicios integrados de prevención, lo que comprende tanto la educación como el suministro de preservativos. Los programas en la materia deberían servir también para prevenir otros comportamientos peligrosos para la salud, como el consumo de sustancias, y para intervenir rápidamente cuando se produzcan. Los jóvenes deben tener a su disposición servicios accesibles y adecuados de detección del VIH. Los jóvenes con VIH necesitan servicios de tratamiento, atención, apoyo y prevención positiva. Es preciso recabar la participación de jóvenes con el VIH a la hora de planificar y prestar todo servicio relacionado con el VIH dirigido a la población joven.
Se estima que en la actual población mundial 1.200 millones de personas (una de cada cinco) son adolescentes. La adolescencia es un periodo de grandes cambios físicos y psicológicos y profunda transformación de las interacciones y relaciones sociales.
Aunque algunos adolescentes pasan a la edad adulta gozando de buena salud, en otros muchos casos no ocurre así. Algunos de los problemas de salud que sufren los adolescentes les afectan durante la propia adolescencia, como la muerte por suicidio, por violencia interpersonal o a resultas de un aborto peligroso. Otros problemas les afectan en un momento posterior de la vida, como es el caso por ejemplo de las enfermedades relacionadas con el VIH, que el adulto sufre tras contraer la infección en la adolescencia, o del cáncer de pulmón, producto del hábito de fumar adquirido en ese periodo.
La salud de los adolescentes tiene también efectos intergeneracionales. Los bebés de padres adolescentes presentan un mayor riesgo de insuficiencia ponderal y muerte. También es más probable que padezcan las mismas dificultades sociales o económicas que han debido afrontar sus padres. Hay argumentos económicos de peso para ocuparse de la salud de los adolescentes. En los que están estudiando, un mejor estado de salud incrementa los índices de matriculación y permanencia en los centros de enseñanza, mejora el rendimiento cognitivo y se traduce en una mayor productividad. Además, conviene proteger la inversión realizada en la supervivencia y educación de los niños que han llegado a la adolescencia.
Al crecer y desarrollarse hasta alcanzar la edad adulta, los niños y adolescentes presentan importantes necesidades. Prácticamente todos los gobiernos han confirmado su derecho a que esas necesidades estén atendidas ratificando la Convención sobre los Derechos del Niño.
¿Qué problemas de salud tienen los adolescentes y qué cabe hacer para prevenirlos y responder a ellos?
Salud mental
Muchos problemas de salud mental surgen al término de la infancia y principios de la adolescencia. El hecho de potenciar la sociabilidad, la capacidad para resolver problemas y la confianza en uno mismo ayuda a prevenir problemas de salud mental como los trastornos del comportamiento, la ansiedad, la depresión o los trastornos ligados a la comida, junto con otras conductas de riesgo como las ligadas a la vida sexual, el consumo de sustancias o las actitudes violentas. Los profesionales de la salud deben contar con las competencias necesarias para relacionarse con gente joven, detectar con prontitud problemas de salud mental y proponer tratamientos que incluyan asesoramiento, terapia congnitiva conductual y, cuando convenga, medicación psicotrópica.
Consumo de sustancias
Además de las leyes que restringen la disponibilidad de sustancias ilícitas, tabaco y alcohol, las intervenciones para reducir la demanda de tales productos generan condiciones más propicias a un desarrollo saludable. Para que los adolescentes estén menos predispuestos a consumir sustancias es eficaz informarlos de los peligros que ello entraña y capacitarlos para resistir a las presiones de los amigos y manejar el estrés de forma sana.
Violencia
Los programas de desarrollo social y preparación para la vida cotidiana dirigidos a niños y adolescentes son importantes para reducir los comportamientos violentos. También resulta eficaz prestar apoyo a padres y profesores para que enseñen a los jóvenes a resolver problemas y sepan imponer la disciplina sin recurrir a la violencia. Cuando de todos modos ésta aparece, las medidas para lograr que los sistemas de salud estén más atentos a la cuestión y que sus profesionales actúen con mayor empatía y competencia pueden ayudar a que los adolescentes que son objeto de violencia (comprendida la sexual) sean atendidos y tratados con eficacia a la par que delicadeza. Un continuo apoyo psicológico y social puede ayudar a esos adolescentes a desactivar los efectos psicológicos que a largo plazo engendra la violencia y reduce la probabilidad de que ellos, a su vez, la perpetúen en el futuro.
Traumatismos involuntarios
Para proteger la salud de los adolescentes es importante encontrar fórmulas para reducir las colisiones en las vías de tránsito y los graves traumatismos que provocan. Entre ellas figuran las siguientes:
hacer cumplir las limitaciones de velocidad;
combinar acciones pedagógicas con medidas legislativas para promover el uso del cinturón de seguridad (y el casco) y prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas;
proponer alternativas a la conducción, incrementando la disponibilidad y seguridad de medios de transporte público baratos.
Las medidas destinadas a generar un entorno más seguro y a enseñar a los niños y adolescentes a evitar caídas, quemaduras y ahogamientos pueden reducir las probabilidades de que se produzcan este tipo de accidentes. Cuando alguien resulta herido, el rápido acceso a una atención traumatológica eficaz puede salvarle la vida.
Nutrición
La malnutrición crónica en los primeros años de vida provoca frecuentes retrasos del crecimiento y afecta a la persona, tanto sanitaria como socialmente, durante toda su vida. Aunque la mejor prevención empieza en la niñez, la adopción de medidas para mejorar el acceso a los alimentos también sería beneficiosa para los adolescentes. La anemia es uno de los principales problemas de origen nutricional que afecta a las chicas. Prevenir embarazos precoces y mejorar el estado de nutrición de las niñas antes de que queden embarazadas podría reducir la mortalidad materna e infantil y ayudar a romper el círculo vicioso de la malnutrición intergeneracional. Ello requiere no sólo mejorar el acceso a alimentos nutritivos y a suplementos de micronutrientes, sino también, en muchos sitios, prevenir las infecciones. La adolescencia es un buen momento para adquirir hábitos saludables de alimentación y ejercicio, que pueden contribuir al bienestar físico y psicológico durante ese periodo, y para reducir la probabilidad de que en la edad adulta aparezcan enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición. Promover modos de vida sanos también es fundamental para atajar la rápida progresión de la epidemia de obesidad.
Salud sexual y reproductiva
Los programas para impartir a los adolescentes educación sobre salud sexual y reproductiva deben ir combinados con otros programas que los inciten a aplicar lo aprendido en su vida cotidiana, y también con medidas para que accedan fácilmente a cualquier servicio de salud preventiva o curativa que necesiten y sean atendidos por personal sanitario competente y comprensivo. Para combatir la coacción sexual en la adolescencia hay que actuar a varios niveles. Conviene promulgar y aplicar enérgicamente leyes que castiguen con dureza estos delitos y movilizar a la opinión pública para que ejerza una intransigencia feroz ante semejantes actos. Conviene asimismo proteger a las niñas y mujeres del acoso y la coacción sexuales en establecimientos educativos, lugares de trabajo y otros escenarios de la vida en comunidad.
Para prevenir embarazos precoces puede ser necesario promulgar y hacer cumplir leyes que fijen una edad mínima para el matrimonio y tratar de mentalizar a familias y comunidades para que concedan a las niñas el tiempo necesario para crecer y desarrollarse, dejar atrás la niñez y llegar a ser mujeres antes de convertirse en esposas y madres. Junto con ello, los servicios de salud deben estar preparados para prestar la necesaria atención prenatal a las adolescentes embarazadas o practicar abortos en condiciones seguras cuando la ley lo permita. Prestar una atención eficaz durante el embarazo es importante para asegurar la supervivencia de la madre y el bebé y prevenir problemas como las fístulas.
VIH
El riesgo de que una persona joven resulte infectada por el VIH guarda estrecha relación con la edad de la iniciación sexual. Las medidas de prevención en la gente joven apuntan, entre otros objetivos básicos, a evitar el coito y a retrasar el inicio de la vida sexual activa. En el caso de los jóvenes sexualmente activos, es fundamental que reduzcan el número de parejas sexuales y que tengan más facilidad para acceder y utilizar servicios integrados de prevención, lo que comprende tanto la educación como el suministro de preservativos. Los programas en la materia deberían servir también para prevenir otros comportamientos peligrosos para la salud, como el consumo de sustancias, y para intervenir rápidamente cuando se produzcan. Los jóvenes deben tener a su disposición servicios accesibles y adecuados de detección del VIH. Los jóvenes con VIH necesitan servicios de tratamiento, atención, apoyo y prevención positiva. Es preciso recabar la participación de jóvenes con el VIH a la hora de planificar y prestar todo servicio relacionado con el VIH dirigido a la población joven.
HIV/SIDA en Africa
Since the WHO-led “3 by 5” Initiative began in 2003 (1),
the world has witnessed an unprecedented expansion in
access to selected health-sector interventions and services
for HIV prevention, treatment, care and support in lowand-
middle-income countries (2). This expansion has also
taken place in many of the 46 Member States of the WHO
African Region (3), all but one of which are located in sub-
Saharan Africa, the region that still bears the brunt of the
global HIV burden. By the end of 2010, an estimated 22.5
million adults and children were living with HIV in sub-
Saharan Africa. This represents 68% of the global total of
33.3 million adults and children living with HIV, although
an estimated 12% of the total world population lives in
sub-Saharan Africa.
The last update on the HIV epidemiological situation in the
WHO African Region (5) was published in 2008, and the
latest update on global progress towards achieving universal
access to priority HIV interventions in the health sector was
published in 2010 (2). This report updates the empirical data
generated by HIV surveillance systems and reviews the
progress made so far in expanding access to HIV prevention,
treatment, care and support services in the African Region.
This is in accordance with the strategic directions of WHO
in the African Region 2010–2015 (6) and responds to the
WHO core function of monitoring the health situation and
assessing health trends.
Given its focus on the African Region, the report builds on
and complements the global report Towards universal access
– scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector
(2) by providing a more detailed regional and subregional
perspective on progress made towards achieving universal
access to HIV prevention, treatment, care and support.
It focuses on interventions that are especially relevant
to the epidemiological situation in countries of the
Region, some of which are predominantly implemented
in the Region. These include HIV testing and counselling,
providing treatment and care, preventing mother-to-child
transmission, carrying out male circumcision and ensuring
blood safety. The report also identifies enabling factors
and challenges in achieving universal access and the
Millennium Development Goals and proposes specific
actions that will help countries accelerate progress towards
achieving these targets and goals.
Political commitment to halt and reverse the HIV epidemic
continues to grow in the African Region. The United
Nations General Assembly Political Declaration on HIV/
AIDS in 2006 (7), the declaration of 2006 as a Year ofAIDS-related deaths are also decreasing in the Region. In
2009, 16 countries had declines in AIDS-related mortality,
ranging from 11% in Congo to 72% in Rwanda (4). These
declines reflect the increased availability of antiretroviral
therapy and improved quality of care and support for
people living with HIV. More deaths are expected to be
averted when people living with HIV start treatment
earlier according to the 2010 WHO recommendations on
antiretroviral therapy.
The data used in describing the HIV epidemiological
situation are based on the most recent reports of HIV
surveillance systems in the African Region, primarily
from 2005 to 2009. These systems include surveillancesuch, statistical aggregates and averages may vary slightly
as a result. In some sections, the Eastern Africa subregion
and Southern Africa subregion are reported separately to
illustrate the specific features of the HIV epidemic in these
subregions. The countries in the subregions are as follows:
• Eastern Africa subregion: Eritrea, Ethiopia, Kenya,
Rwanda, Seychelles, Uganda and United Republic of
Tanzania;
• Southern Africa subregion: Comoros, Lesotho,
Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia,
South Africa, Swaziland, Zambia and Zimbabwe;
• Central Africa subregion: Angola, Burundi, Cameroon,
Central African Republic, Chad, Congo, Democratic
Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Gabon and
Sao Tome and Principe; and
• Western Africa subregion: Algeria, Benin, Burkina Faso,
Cape Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea,
Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Mauritius,
Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone and Togo
the world has witnessed an unprecedented expansion in
access to selected health-sector interventions and services
for HIV prevention, treatment, care and support in lowand-
middle-income countries (2). This expansion has also
taken place in many of the 46 Member States of the WHO
African Region (3), all but one of which are located in sub-
Saharan Africa, the region that still bears the brunt of the
global HIV burden. By the end of 2010, an estimated 22.5
million adults and children were living with HIV in sub-
Saharan Africa. This represents 68% of the global total of
33.3 million adults and children living with HIV, although
an estimated 12% of the total world population lives in
sub-Saharan Africa.
The last update on the HIV epidemiological situation in the
WHO African Region (5) was published in 2008, and the
latest update on global progress towards achieving universal
access to priority HIV interventions in the health sector was
published in 2010 (2). This report updates the empirical data
generated by HIV surveillance systems and reviews the
progress made so far in expanding access to HIV prevention,
treatment, care and support services in the African Region.
This is in accordance with the strategic directions of WHO
in the African Region 2010–2015 (6) and responds to the
WHO core function of monitoring the health situation and
assessing health trends.
Given its focus on the African Region, the report builds on
and complements the global report Towards universal access
– scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector
(2) by providing a more detailed regional and subregional
perspective on progress made towards achieving universal
access to HIV prevention, treatment, care and support.
It focuses on interventions that are especially relevant
to the epidemiological situation in countries of the
Region, some of which are predominantly implemented
in the Region. These include HIV testing and counselling,
providing treatment and care, preventing mother-to-child
transmission, carrying out male circumcision and ensuring
blood safety. The report also identifies enabling factors
and challenges in achieving universal access and the
Millennium Development Goals and proposes specific
actions that will help countries accelerate progress towards
achieving these targets and goals.
Political commitment to halt and reverse the HIV epidemic
continues to grow in the African Region. The United
Nations General Assembly Political Declaration on HIV/
AIDS in 2006 (7), the declaration of 2006 as a Year ofAIDS-related deaths are also decreasing in the Region. In
2009, 16 countries had declines in AIDS-related mortality,
ranging from 11% in Congo to 72% in Rwanda (4). These
declines reflect the increased availability of antiretroviral
therapy and improved quality of care and support for
people living with HIV. More deaths are expected to be
averted when people living with HIV start treatment
earlier according to the 2010 WHO recommendations on
antiretroviral therapy.
The data used in describing the HIV epidemiological
situation are based on the most recent reports of HIV
surveillance systems in the African Region, primarily
from 2005 to 2009. These systems include surveillancesuch, statistical aggregates and averages may vary slightly
as a result. In some sections, the Eastern Africa subregion
and Southern Africa subregion are reported separately to
illustrate the specific features of the HIV epidemic in these
subregions. The countries in the subregions are as follows:
• Eastern Africa subregion: Eritrea, Ethiopia, Kenya,
Rwanda, Seychelles, Uganda and United Republic of
Tanzania;
• Southern Africa subregion: Comoros, Lesotho,
Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia,
South Africa, Swaziland, Zambia and Zimbabwe;
• Central Africa subregion: Angola, Burundi, Cameroon,
Central African Republic, Chad, Congo, Democratic
Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Gabon and
Sao Tome and Principe; and
• Western Africa subregion: Algeria, Benin, Burkina Faso,
Cape Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea,
Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Mauritius,
Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone and Togo
ABORTO Y DEBATE EN ARGENTINA
El aborto en Argentina, referido a la interrupción voluntaria del embarazo o aborto inducido es un delito descripto en el título I, capítulo I "delitos contra la vida"1 del Código Penal argentino, aunque también establece excepciones a su punibilidad.
Excepciones a la penalización del aborto
Existen dos causas de excepción en la ley que establece penas:
Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios (CPA Art. 86 inc 1° - "aborto terapéutico").
Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. (CPA Art. 86 inc 2° - "aborto eugenésico").
El requerimiento, de la mujer, de ser mentalmente incapaz para poder realizarse un aborto en caso de violación se debe a la ausencia de una coma en el artículo correspondiente del código penaL.
DEBATE ARGENTINA: Se suspendio hasta el año 2012
Luego de idas y vueltas durante la semana pasada, cuando un grupo de diputados firmó un dictamen favorable a la legalización del aborto, el titular de la comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, canceló la convocatoria a debatir sobre la legalización de la interrupción del embarazo por falta de quórum, por lo que el proyecto no podrá tratarse este año en el Congreso.
En Argentina, la práctica del aborto está penalizada con cárcel y sólo se permite en caso de que la vida de la madre esté en riesgo o el embarazo sea el resultado de la violación a una mujer con deficiencias mentales. “En América Latina no es posible realizar los abortos que serían legales, porque las autorizaciones se dilatan por médicos y jueces que anteponen sus creencias y que dejan pasar los plazos hasta que esa mujer, o esa niña, está ya condenada a tener el hijo”, explica una de las diputadas ponentes, Cecilia Merchán.
Por eso se consideró histórico que, por primera vez en la historia del país, un grupo de legisladores presentara dicho proyecto, que además autoriza el aborto sin límite de tiempo en caso de violación o riesgo para la salud o la vida de la madre. Sin embargo, a pocos días de comenzar a discutirse en el Congreso la propuesta y ante el reclamo de un grupo de diputados que denunció que no se habían reunido las firmas necesarias, el presidente de la comisión de Legislación Penal tuvo que suspender el debate. Ahora hay que esperar a que hoy, en sesión plenaria de tres comisiones, el quórum habilite el dictamen para que el proyecto sea estudiado por ambas cámaras.
Lo paradójico es que defensores y detractores coinciden en que el problema es grave y piden una legislación adecuada. Según datos del Ministerio de Salud, a pesar de ser una práctica ilegal, en Argentina se realizan unos 500.000 abortos anualmente, más de 60.000 mujeres son hospitalizadas cada año como consecuencia de interrupciones mal realizadas y el 25% de la mortalidad materna es atribuida a esta causa, una cifra muy superior al promedio regional, del 11%.
Excepciones a la penalización del aborto
Existen dos causas de excepción en la ley que establece penas:
Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios (CPA Art. 86 inc 1° - "aborto terapéutico").
Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. (CPA Art. 86 inc 2° - "aborto eugenésico").
El requerimiento, de la mujer, de ser mentalmente incapaz para poder realizarse un aborto en caso de violación se debe a la ausencia de una coma en el artículo correspondiente del código penaL.
DEBATE ARGENTINA: Se suspendio hasta el año 2012
Luego de idas y vueltas durante la semana pasada, cuando un grupo de diputados firmó un dictamen favorable a la legalización del aborto, el titular de la comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, canceló la convocatoria a debatir sobre la legalización de la interrupción del embarazo por falta de quórum, por lo que el proyecto no podrá tratarse este año en el Congreso.
En Argentina, la práctica del aborto está penalizada con cárcel y sólo se permite en caso de que la vida de la madre esté en riesgo o el embarazo sea el resultado de la violación a una mujer con deficiencias mentales. “En América Latina no es posible realizar los abortos que serían legales, porque las autorizaciones se dilatan por médicos y jueces que anteponen sus creencias y que dejan pasar los plazos hasta que esa mujer, o esa niña, está ya condenada a tener el hijo”, explica una de las diputadas ponentes, Cecilia Merchán.
Por eso se consideró histórico que, por primera vez en la historia del país, un grupo de legisladores presentara dicho proyecto, que además autoriza el aborto sin límite de tiempo en caso de violación o riesgo para la salud o la vida de la madre. Sin embargo, a pocos días de comenzar a discutirse en el Congreso la propuesta y ante el reclamo de un grupo de diputados que denunció que no se habían reunido las firmas necesarias, el presidente de la comisión de Legislación Penal tuvo que suspender el debate. Ahora hay que esperar a que hoy, en sesión plenaria de tres comisiones, el quórum habilite el dictamen para que el proyecto sea estudiado por ambas cámaras.
Lo paradójico es que defensores y detractores coinciden en que el problema es grave y piden una legislación adecuada. Según datos del Ministerio de Salud, a pesar de ser una práctica ilegal, en Argentina se realizan unos 500.000 abortos anualmente, más de 60.000 mujeres son hospitalizadas cada año como consecuencia de interrupciones mal realizadas y el 25% de la mortalidad materna es atribuida a esta causa, una cifra muy superior al promedio regional, del 11%.
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